En relación con el Proyecto de Ley Estatutario No. 004 de 2008 Senado, por el cual se reglamentan las prácticas de la Eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia, como Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, quiero recordar a los fieles y a todos los colombianos que nunca puede ser moralmente lícita la acción que provoque directa o intencionalmente la muerte de una persona.
La Eutanasia es un crimen y en él participan todos los que ejecutan el acto homicida. El Estado ha sido erigido para defender la vida, como lo afirma el artículo 11 de la Constitución Colombiana "el derecho a la vida es inviolable".
Este principio debe proclamarse siempre en relación con los pacientes que padecen enfermedad y tienen graves sufrimientos e incluso, con aquellos que piden expresamente que se dé fin a su vida. La terminación intencional de la vida por otra persona, así sea un tercero cualificado, constituye siempre un asesinato, pues ni el personal médico, ni los familiares pueden tomar la decisión de provocar la muerte de una persona.
El derecho a la vida debe ser proclamado y salvaguardado, con mayor valentía, cuando se trata de los más débiles, como las personas que se encuentran en estado vegetativo, los minusválidos o los niños recién nacidos o en la fase prenatal, que sufren malformaciones. En ninguno de estos casos se puede renunciar al tratamiento médico proporcionado. No se trata de prolongar gratuitamente el sufrimiento, de generar gastos exorbitantes o intervenciones médicas inútiles. Se trata de defender los principios fundamentales porque sobre prácticas semejantes y argumentando la calidad de la vida o de la raza, se edificaron otrora regímenes totalitarios.
20 de septiembre de 2008
+ Pedro Card. Rubiano Sáenz
Arzobispo de Bogotá
Primado de Colombia
La Eutanasia es un crimen y en él participan todos los que ejecutan el acto homicida. El Estado ha sido erigido para defender la vida, como lo afirma el artículo 11 de la Constitución Colombiana "el derecho a la vida es inviolable".
Este principio debe proclamarse siempre en relación con los pacientes que padecen enfermedad y tienen graves sufrimientos e incluso, con aquellos que piden expresamente que se dé fin a su vida. La terminación intencional de la vida por otra persona, así sea un tercero cualificado, constituye siempre un asesinato, pues ni el personal médico, ni los familiares pueden tomar la decisión de provocar la muerte de una persona.
El derecho a la vida debe ser proclamado y salvaguardado, con mayor valentía, cuando se trata de los más débiles, como las personas que se encuentran en estado vegetativo, los minusválidos o los niños recién nacidos o en la fase prenatal, que sufren malformaciones. En ninguno de estos casos se puede renunciar al tratamiento médico proporcionado. No se trata de prolongar gratuitamente el sufrimiento, de generar gastos exorbitantes o intervenciones médicas inútiles. Se trata de defender los principios fundamentales porque sobre prácticas semejantes y argumentando la calidad de la vida o de la raza, se edificaron otrora regímenes totalitarios.
20 de septiembre de 2008
+ Pedro Card. Rubiano Sáenz
Arzobispo de Bogotá
Primado de Colombia
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